La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas en Barranquilla (Atlántico), que estarían involucradas en actividades extorsivas en el norte de esa ciudad.
Se trata de Jacob Torrenegra, Julio Francisco Cogollo Cabezas, Daniel David Díaz Vizcaino y Shirley Johanna Vizcaino Cantillo, a quienes un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó los delitos de extorsión y tentativa de extorsión, ambas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos.
La decisión judicial se refiere a los hechos registrados en septiembre de este año, cuando una empresaria y su esposo comenzaron a recibir llamadas y mensajes en los que a nombre de una organización criminal le exigían la suma de 45 millones de pesos. En caso de no acceder a las pretensiones, atentarían contra su vida y la de su familia.
La Fiscalía da cuenta de que el pasado 16 de septiembre las víctimas entregaron un anticipo de 29 millones de pesos para salvaguardar su integridad. Sin embargo, el 21 del mismo mes, uniformados del Gaula materializaron las capturas de los cuatro procesados momentos después de que supuestamente recibieron el dinero restante.
En el operativo que se realizó en el barrio Porvenir, al norte de la capital del Atlántico, les fue incautado el dinero, celulares y el vehículo que, al parecer, utilizaron para el ilícito.
Por petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento en centros carcelarios.
MEVA/AMCJ/JM/WFOJ/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
