Un fiscal adscrito a la Seccional Atlántico logró que jueces de control de garantías aseguraran a cuatro hombres que estarían implicados en delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos.
Hurto a pasajeros de un bus interdepartamental
En el primer caso fueron procesados Andrés José Rojano Arteta y Miguel Ángel Medina Ruíz, presuntamente implicados el hurto de dinero en efectivo y celulares de varias personas que se transportaban en un bus interdepartamental. Estos hechos ocurrieron el 11 de diciembre pasado en la vía que de Barranquilla conduce a Cartagena.
La intervención de la ciudadanía permitió que la Policía Nacional capturara a los procesados en cuyo poder fueron encontrados los elementos hurtados. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad frente a los delitos de hurto calificado agravado imputados por la Fiscalía. Los dos hombres fueron enviados a la cárcel El Bosque de Barranquilla.
Hurtado en almacén de cadena
El segundo hecho investigado involucraría a Luis Eduardo Cabarcas y Ricardo Jesús González Villa, quienes el pasado 23 de diciembre habrían ingresado a un establecimiento comercial en Barranquilla para hurtar celulares y dinero en efectivo de los clientes.
Una vez cometido el robo, los dos hombres huyeron del lugar ubicado en el barrio La Manga. La rápida acción de la Policía Nacional permitió su captura.
La Fiscalía imputó a los procesados el delito de hurto calificado agravado, el cual fue rechazado. Por petición del ente acusador los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
SKCR/MAGA/JM/ECHP/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
