Por petición de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Mauro Andrés Miranda Simanca, Duván Felipe Cortinas Bossio, Luis Santiago Álvarez Puerta y William José Rodríguez Tovar, señalados de estar involucrados en las exigencias económicas ilegales a un comerciante en Cartagena.
Según la investigación, el pasado 12 de marzo Miranda Simanca, al parecer, ingresó a un establecimiento de comercio del barrio El Bosque de la capital bolivarense donde le habría entregado al propietario del lugar un papel con membrete de la Oficina de la Costa Bolívar. En la misiva le informaba que su negocio estaba en el área delictiva del referido grupo ilegal, por lo que debía comunicarse a un celular
La negativa a recibir el papel habría motivado al ahora procesado a dispararle, impactando una de las manos de la víctima, quien fue atendido en un centro médico, luego de que el atacante huyera en una moto.
Siete días después, Miranda Simanca habría regresado al local, en compañía de los tres hombres hoy implicados para exigir la entrega de dos millones de pesos, producto de las extorsiones.
Uniformados de la Policía Nacional que se encontraban cerca del lugar se percataron de la situación y capturaron en flagrancia a las cuatro personas.
La Fiscalía imputó a los investigados el delito de extorsión agravada. Miranda Simanca además deberá responder por tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos.
MEVA/MAGA/NA/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
