Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro hombres, señalados de participar en el crimen de dos ciudadanos y de atentar contra otro, en zona rural de San Sebastián de Mariquita (Tolima).
Se trata de Jesús Antonio Pino Palacio, Faber Andrés Sandoval Patiño, Gabriel Rivera Ospina y Diego Alonso Bedoya Bustamante; a quienes un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima les imputó los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
De acuerdo con la investigación, el 4 de noviembre de 2024, los hoy procesados llegaron a una hacienda del municipio, donde, supuestamente, revisarían un ganado para la compra. Sin embargo, antes de ingresar al lugar, al parecer, les dispararon a tres hombres, dos de los cuales fallecieron.
Los móviles de estos hechos estarían relacionados con una deuda millonaria.
Bedoya Bustamante, habría actuado en calidad de determinador, al haber coordinado la ejecución del crimen. Mientras que Pino Palacio y Sandoval Patiño habrían desempeñado el rol de sicarios. Por su parte, Rivera Ospina, sería el encargado de las funciones de vigilancia y seguimiento.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional; y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron a estos hombres en Ibagué, San Sebastián de Mariquita, (Tolima), La Dorada (Caldas) y Medellín (Antioquia). Además, se logró la incautación de 450 cartuchos, 10 celulares, entre otros elementos.
PAAM/LMFO/AMCJ/ACRB/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
