Ante el Juzgado 31 Penal Municipal de Cali (Valle del Cauca), con funciones de control de garantías, la Fiscalía 48 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública imputó cargos a Ramiro Corrales Latorre, contador público, por presuntas irregularidades cometidas para desviar dineros de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

El hombre presumiblemente habría participado en la alteración de la información financiera de los resultados de la administración de un hotel, dado en custodia por la DNE en Cali (Valle del Cauca).

Por estos hechos, la Fiscalía le endilgó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, los cuales no aceptó el procesado.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hizo efectiva la captura, luego de que Corrales Latorre se presentara voluntariamente. Este sería el cuarto 4 judicializado por tales irregularidades.

La investigación

Los hechos materia de investigación están relacionados con la apropiación de $1.700 millones aproximadamente, de la administración del Hotel Plaza Versalles, entre los años 2009 y 2011; dineros que pertenecerían a la DNE.

Según peritos contables del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), contadores del hotel para la época de los hechos habrían alterado y ocultado la información sobre el sistema financiero, presentando informes falsos para favorecer al depositario y demás responsables de la administración del dicho inmueble.

Otros implicados

Por los mismos hechos, fue acusada por la Fiscalía Adriana Fernanda Urresty Isaza, quien se encuentra privada de la libertad y acusada por la Fiscalía. La audiencia preparatoria se fijó para el 25 de enero de 2017, ante el Juzgado 22 Penal del Circuito con funciones de conocimiento.

Asimismo, fueron judicializados, la semana pasada, y se encuentran privados de la libertad los contadores Harold Martínez Bonilla y Harbey Rubio Niño.

De otro lado, figuran con orden de captura están Carlos Arturo Urresty Benavidez y Carlos Andrés Urresty Isaza; padre e hijo respectivamente, a quienes el fiscal del caso solicitó emplazamiento para declararlos personas ausentes.

 

MAP/DLBM