Por su presunta responsabilidad en la apropiación de 200 millones de pesos por concepto de una demanda administrativa, servidores del CTI de Buga (Valle del Cauca) capturaron este 6 de julio a Carlos Humberto Cardona Hincapié, concejal del municipio de Restrepo, en el mismo departamento, y a su esposa María Fernanda Valencia.

Una fiscalía seccional investiga a los indiciados por los delitos de falsedad material el documento público, fraude procesal, falsedad en documento privado, uso de documento falso y estafa agravada.

De acuerdo con lo establecido, estas personas, supuestamente, usando documentos adulterados se hacían pasar por las víctimas dentro de procesos de reparación directa contra el Estado, con los cuales alcanzaron a realizar cobros por la suma citada.

Uno de los hechos conocidos se registró en 2013, cuando una víctima dentro de un proceso administrativo donde fue condenado el Ministerio de Defensa por la muerte de su hermana, fue a cobrar el dinero; sin embargo le informaron que este ya había sido consignado a una cuenta bancaria, de la que se estableció que no fue abierta por la reclamante.

Mediante labores investigativas de policía judicial, se recolectaron videos donde se observa al concejal retirando el dinero de la cuenta en la que se suplantó a la víctima. De igual forma se determinó que habrían falsificado documentos como la cédula de ciudadanía, una sucesión, poderes y hasta documentos donde se le otorgaba a la reclamante la custodia de uno de sus hermanos para así obtener más dinero con ocasión de la reparación.

Por otro lado, se estableció además que Valencia se habría hecho pasar por abogada para ofrecer asesorías y colaboración a víctimas, en los trámites contra el estado, como el caso referido ante el Ministerio de Defensa para después apoderarse de los dineros.

La mujer tiene investigaciones por los delitos de falso testimonio, falsedad en documentos y fraude procesal, siendo denunciada con anterioridad por hacerse pasar como desplazada para reclamar beneficios de parte del estado.

Ante un juez de control de garantías de Buga, la Fiscalía legalizó la captura de los procesados y adelanta las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

El juez ordenó la medida cautelar sobre los bienes de la pareja.

DLBM