Un juez penal del circuito, con función de control de garantías y en segunda instancia, confirmó la medida de aseguramiento impuesta en primera instancia por un juez de control de garantías contra Rafael Castillo, exsuperintendente de Ecopetrol en Apiay (Meta) por sus presuntos vínculos con irregularidades en la contratación entre Petrotiger y Ecopetrol en Apiay.
La medida de aseguramiento en su contra tiene que ver con el contrato 5205171, celebrado entre las dos empresas. Durante su ejecución, el contratista, por intermedio de Mauricio Vesga, uno de sus gerentes, pagó la suma de 850 millones de pesos como comisión ilegal a Castillo para que empleara indebidamente sus influencias como superintendente de operaciones y beneficiar a la multinacional.
El propósito del pago fue evitar sanciones por las deficiencias en la ejecución del contrato, que hubieran propiciado su terminación anticipada. Asimismo, se lograron adiciones en cantidades de trabajo. Los delitos imputados son cohecho propio, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares.
Según la investigación, directivos de Petrotiger habrían planeado y ejecutado todo un entramado criminal mediante la comisión de un sinnúmero de conductas punibles como el pago de comisiones ilegales y falsedades, entre otras, para favorecer sus intereses económicos en los contratos.
Los pagos, que alcanzaron más de 2.000 millones de pesos, se hicieron, unas veces, a través de sus propios empleados y en otras ocasiones utilizando empresas fachada, aunque se dieron pagos directos desde las propias cuentas bancarias del contratista.
AMC / AAEA
