El Juez 33 Penal del Circuito de Bogotá, en segunda instancia, confirmó la medida de aseguramiento  y  la competencia  para juzgar  a  6 efectivos  del Ejército Nacional que fueron judicializados por sacar de la base de Tolemaida armas y material de guerra para vender a la guerrilla de las FARC.

El funcionario confirmó la actuación de la jueza 7ª de garantías, que el 2 de diciembre del 2012 había enviado a la Penitenciaría Central de Colombia La Picota a Camilo Andrés Rodríguez Bonilla, Hugo Fernando Ortiz Bustos, Jaime Celis Bueno, Juan Gabriel David Zapata, Antonio Casanova Mejía y Carlos Armando Gómez Prieto.

El juez también  consideró que  la justicia penal ordinaria sí es  competente para juzgarlos, porque en ningún momento su actuación tiene relación con actos del servicio.

Respecto a la alegada ilegalidad de la captura, el juez consideró que la actuación de la Fiscalía se hizo dentro de las normas estipuladas por la ley.

En desarrollo de la audiencia preliminar, la fiscal 7° especializada contra el terrorismo explicó que los militares sacaban el armamento de la base militar en sus vehículos, dentro del cual camuflaban el cargamento, para entregarlo luego a sus enlaces de la guerrilla.

En la acción colaboraban  dos mujeres, identificadas como Leyla Bonilla Valencia y Luz Dary Gómez Prieto, quienes también fueron judicializadas y recibieron medida de aseguramiento.

La fiscal del caso indicó que la investigación se adelantó luego del hallazgo de 174 granadas para mortero y 97 proveedores para fusil M-16 en un trayecto de la vía que desde Garzón (Huila) comunica con Florencia (Caquetá).