La Fiscalía General de la Nación a través de la Seccional Cesar obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Gilber Yaber Arroyave Gallego, como responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada.

Los hechos se registraron el 11 de enero del 2010, en una finca ubicada en zona rural de Curumaní (Cesar).

 En la fotografía aparece un hombre capturado, acompañado de un servidor del CTI y un uniformado del Ejército Nacional.  En la parte posterior un banner con logos de la entidad.
Gilber Yaber Arroyave Gallego, responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada.

Según la investigación adelantada, el hoy condenado llegó al lugar en horas de la noche acompañado de otras personas, quienes ingresaron de manera violenta, y mediante el uso de armas de fuego se llevaron en contra de su voluntad a su propietario.

Se estableció que, posteriormente se pusieron en contacto con familiares de la víctima mediante llamadas telefónicas,  a quienes exigían ochenta millones de pesos por su liberación.

Además se evidenció que, tras la exigencia económica, los captores acordaron dejar en libertad al secuestrado en la región de Bobalí, zona rural de Pailitas (Cesar), lo cual no realizaron.

Arroyave Gallego fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y unidades del Gaula Militar, el pasado 25 de octubre en Curumaní (Cesar), en cumplimiento de una orden judicial.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

EDH/MG/JAAL/DSC.

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.