El crimen habría ocurrido como retaliación por el ataque del que fue víctima un conocido de los ahora condenados.

Por petición de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional San Andrés, una juez con funciones de conocimiento del archipiélago avaló el preacuerdo que de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado suscribieron los hermanos Ian Hernando y Nick Ain Hernández Barrios de 31 años y 25 años, respectivamente.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2024 en una vivienda del barrio Las Palmas del archipiélago. Hasta allí llegaron los procesados en una motocicleta de la cual descendió Nick Ain, ingresó a la residencia y disparó contra dos personas que se encontraban en la sala. Posterior a ello, huyeron del lugar.

En el ataque fallecieron un hombre de 20 años y otro de 18. Al parecer, el hecho sucedió como una retaliación por un atentado ocurrido horas antes contra un conocido de los señalados sicarios. Once días después del crimen, los procesados se entregaron a las autoridades.

Luego de las audiencias, los hermanos Hernández Barrios se allanaron a cargos y fueron condenados a pagar una pena de 18 años de prisión por su coautoría en los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.

Es de importancia resaltar que la pena impuesta también fue avalada por las víctimas y que en las diligencias judiciales los implicados realizaron un acto de disculpas públicas a los familiares.

MEVA/MAGA/JR/TAM/DSSPS

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.