Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de conocimiento condenaran a tres patrulleros de la Policía Metropolitana de Medellín por actos de corrupción cometidos en el municipio de Bello y la capital antioqueña. Se trata de casos independientes.

El patrullero Alexandro Cantillo Rodríguez fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión como responsable del delito de peculado por apropiación, debido a que el 18 de diciembre de 2017 intentó apoderarse de 1’140.000, suma que había sido incautada a tres hombres quienes fueron capturados en flagrancia en un hurto.  El uniformado trató de sacar el dinero en su chaleco institucional.

Por otra parte, un juez de conocimiento condenó a los patrulleros Mauricio Rafael Peñates Osorio y Sergio Ascanio Estévez a 8 años de prisión como responsables del delito de concusión. Los uniformados fueron capturados en flagrancia el 5 de diciembre de 2020 cuando pretendían recibir 400.000 pesos. La suma le había sido exigida a un hombre para no judicializarlo por su presunta vinculación con un grupo ilegal.

La investigación probó que el hombre fue retenido cuando se movilizaba en una motocicleta con su novia por el noroccidente de Medellín. Para no procesarlo los uniformados le exigieron 1 millón de pesos a la víctima, quien sólo tenía 600.000 y debió permanecer retenido mientras su pareja sentimental conseguía el resto del dinero. La mujer aprovechó para denunciar la posible retención ilegal ante las autoridades.

En los dos casos los defensores interpusieron recursos de apelación.

 

 

 

 

 

LFML/LSAH/DSM/LMFO/MAGA

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.