Las víctimas fueron sometidas a actos de tortura para que entregaran información sobre el supuesto hurto de un dinero de una caja fuerte.
Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento especializado de Antioquia condenó a 12 años de prisión a Kevin Alexander Bernal Sánchez, Brandon Steven Cruz Martínez, Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelber Cárdenas Torres y Giovanni Alberto Hernández Castro, por el delito de tortura.
Los hechos investigados ocurrieron la mañana del 8 de mayo de 2023, en una finca de la vereda La Convención de Rionegro (Antioquia), en el oriente antioqueño, cuando los procesados, quienes trabajaban para una empresa logística al servicio del dueño del inmueble, golpearon y torturaron a dos trabajadores luego de señalarlos de participar en el supuesto hurto de una caja fuerte que estaba en ese predio.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal especializada de la Seccional Antioquia, una de las víctimas, de 61 años, fue conducida hasta la habitación del mayordomo donde recibió puñetazos y golpes con un martillo y la cacha de una pistola.
Por su parte, el otro trabajador fue golpeado y arrojado al piso, además le introdujeron una manguera por la boca para intentar ahogarlo con agua.
La Fiscalía demostró que los actos de tortura cesaron hacia la una de la tarde cuando hizo presencia la Policía Nacional y capturó en flagrancia a los procesados.
Por los mismos hechos ya fue imputado, en calidad de determinador, Luis Alberto Rendón, familiar del dueño del predio.
La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
LFML/AMCJ/LMR/DSA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
