Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 7 años y 10 meses de prisión al exalcalde de Ebéjico (Antioquia) Jaime Wither Sánchez Posada, y a los exsecretarios de Planeación y Hacienda de esa población, Juan Marcelo Gaviria Zapata y Víctor Alonso Álvarez Vergara, por irregularidades en la contratación.
Los exfuncionarios fueron sentenciados como responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.
Los hechos están relacionados con irregularidades cometidas en la firma de varios contratos por valor de 34 millones de pesos, para la remodelación de la casa de la cultura del corregimiento Sevilla, de la citada población del occidente antioqueño.
De acuerdo con el proceso adelantado por una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, en enero de 2010 durante la etapa precontractual se falsificaron las firmas de uno de los supuestos oferentes y se omitieron los análisis técnicos para soportar los valores estimados de los contratos de estudios y diseños.
La Fiscalía probó que no existió la licitación, que se simuló la convocatoria y que nunca se cumplió con el objeto del contrato, pese a que se pagó la totalidad del dinero pactado.
Durante la audiencia del sentido del fallo condenatorio, el juez de conocimiento ordenó la captura de los tres procesados.
La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
