El Juzgado Único Especializado de Armenia (Quindío) aprobó el preacuerdo para sentencia condenatoria en contra de Oscar Eduardo Castro Rivera, Andrés Mauricio Hernández Salazar y Edinson Marín Silva por 45 homicidios, tentativas de homicidio, desaparición forzada, extorsión y narcotráfico, entre otros.
Según la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado, en el Valle del Cauca y Quindío operó una estructura criminal denominada Los Rastrojos, al mando de un individuo nombrado con los alias de Ballena o Tito, dedicada principalmente al narcotráfico, de donde se derivaron conductas penales como desaparición forzada, secuestro, homicidio, extorsión, tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares y otros. La organización tenía como uno de los ejes centrales a los hermanos Calle Serna, extraditados a Estados Unidos.
La investigación permitió establecer que Oscar Eduardo Castro Rivera era a quien dentro de la organización se le conocía como alias Ballena o Tito y que entre sus hombres de confianza se encontraban Andrés Mauricio Hernández Salazar y Edinson Marín Silva, conocidos con los alias de Care Gallo, Mono Gallo o Ministro, el primero, y Care Vieja o Triky Trake, el segundo.
Castro Rivera fue capturado el 19 de enero de 2014 en Bugalagrande (Valle del Cauca) y los otros dos el 14 de junio del mismo año en Tuluá.
Tras la investigación los tres imputados rindieron interrogatorios en los que manifestaron haber participado en hechos adicionales a los que les fueron imputados, lo que le permitió a la Fiscalía conexar a esta investigación procesos de homicidio agravado, tanto consumado como tentado que ya se encontraban archivados en diversas Seccionales y de los cuales no se había logrado ubicar el autor.
En mayo del año pasado se presentó acta de preacuerdo suscrita por la Fiscalía con Castro Rivera consistente en la aceptación de cargos a cambio de una pena de 30 años de prisión. Siete meses después se hizo igual procedimiento con Hernández Salazar y Marín Silva quienes asumieron sus responsabilidades penales a cambio de una pena de 27 años de prisión.
En total le fueron atribuidos a Castro Rivera, los cargos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 36 eventos, para un total de 45 homicidios; homicidio agravado tentado en 9 eventos, con 12 víctimas; 2 casos de extorsión agravada; además de porte de armas de fuego y municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, trafico, fabricación o porte de estupefacientes, terrorismo, lesiones personales y concierto para delinquir agravado desde el año 2007 hasta la fecha de la captura, con fines de tráfico de estupefacientes.
En el caso de Hernández Salazar, el preacuerdo incluyó cargos por una desaparición forzada agravada, homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con 25 víctimas; extorsión agravada, homicidio agravado tentado en 5 casos; lesiones personales, porte de armas de fuego y municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, terrorismo y concierto para delinquir agravado desde el 2009 hasta la captura, con fines de tráfico de estupefacientes.
Marín Silva preacordó con la Fiscalía cargos por un hecho de desaparición forzada agravada, 8 casos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo; extorsión agravada, dos homicidios agravados en grado de tentativa; porte de armas de fuego y municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, terrorismo y concierto para delinquir agravado desde el 2013 hasta la captura, con fines de tráfico de estupefacientes.
El Juzgado Especializado de Armenia (Quindío) citó audiencia para lectura del fallo el próximo 2 de septiembre.
AMC/DLBM