Un fiscal adscrito a la Dirección de Fiscalías Nacionales logró la condena de cuatro empleados y funcionarios del Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao por actos de corrupción al entregar información reservada y favorecer con el direccionamiento de audiencias a los procesados. 

De acuerdo con la delegada fiscal, de los 11 procesados, 8 se acogieron a sentencia anticipada, una de ellas proferida por el Juez 19 Penal de Circuito, en contra de la notificadora del centro de servicios Carmen Alicia Garzón Pinto, a la pena de 35 meses de prisión como responsable de los delitos de concierto para delinquir, revelación de secreto, falsedad ideológica en documento público y cohecho por dar y ofrecer.

Por su parte el Juez 49 Penal del Circuito sentenció a Daniel Esteban Hurtado, quien fue condenado a 40 meses de prisión luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía. 

Igualmente, el Juez 33 Penal del Circuito, con función de conocimiento, condenó a 55 meses a Alejandro Navas Torres, señalado de ser encargado de direccionar las audiencias a los jueces involucrados en estos hechos. El juez le concedió  el beneficio de la prisión domiciliaria en Cartagena para purgar la pena, como autor de los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica y prevaricato. 

Asimismo el Juzgado 23 Penal del Circuito sentenció a 66 meses de prisión a Jaime Camargo Flórez, empleado del centro de servicios,  por concierto para delinquir, cohecho por dar y ofrecer, y falsedad ideológica. 

La Fiscalía General los acusó de ser intermediarios de los abogados que se servían de información y documentación reservada de los procesos y de ser el puente para la asignación de los casos a jueces “amigos” y facilitar fallos absolutorios a organizaciones criminales. 

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el CTI, eran beneficiados de las decisiones judiciales, capos del narcotráfico requeridos por la justicia de Estados Unidos y que actualmente purgan condenas  por lavado de activos. 

También eran beneficiados con sentencias absolutorias integrantes de organizaciones delictivas señaladas del hurto a los clientes de entidades bancarias y otras que se apropiaron de dineros de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).