Se trata de tres integrantes de la estructura Jaime Martínez que trasladaron artefactos explosivos que posteriormente fueron instalados en inmediaciones de Jamundí.
Yicel Jurado Montilla, alias Vanesa; Brayan Stiven Paz Luligo, alias Masco; y Camilo Andrés Ochoa Huertas, tres integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptaron mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en una ola de ataques terroristas en Valle del Cauca.
Por instrucción directa de alias Marlon, máximo cabecilla del grupo armado ilegal al que pertenecen, estas tres personas se trasladaron al sector conocido como Villa Colombia, en Jamundí, para recibir dos maletines de obra color naranja con artefactos explosivos, que estaban acondicionados para ser activados de manera simultánea y remota.
La investigación liderada por fiscales de la Delegada para Seguridad Territorial estableció que dichos elementos fueron trasladados e instalados en la Avenida Sachamate y en la glorieta de la vía Panamericana del barrio El Rodeo. Uno alcanzó a explotar y ocasionó daños en la infraestructura; mientras que el otro fue descubierto por las autoridades y detonado de manera controlada.
Por todo lo anterior y en atención a los términos de los preacuerdos celebrados, un juez penal especializado condenó a Jurado Montilla y a Paz Luligo a 10 años y 9 meses de prisión, y al pago de una multa equivalente a 4.025 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y sentenció a Ochoa Huertas a 6 años de prisión y a multa de 2.025 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los tres integrantes de la Jaime Martínez fueron declarados responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Esta información se publica por razones de interés general
LMFO/JARG/DSBO/DJR/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
