Estas personas extraían partes de jaguares, águilas, guacamayas y otras especies, y las comercializaban en redes sociales con la fachada de venta de artesanías.
Ante las pruebas obtenidas por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), Diego Fernando Mora Obando y Vivian Vanessa García Rivero, dos de los señalados articuladores de la red delincuencial conocida como ‘Harpía’, aceptaron mediante preacuerdo los delitos de tráfico de fauna y concierto para delinquir.
Estas personas extraían partes o subproductos de jaguares, águilas harpía, guacamayas y animales exóticos; y posteriormente coordinaban su comercialización, a través de redes sociales y con la fachada de venta de artesanías.
Por estos hechos, y ante el reconocimiento voluntario y espontáneo de su responsabilidad, un juez penal de conocimiento condenó a Mora Obando a tres años y cuatro meses de prisión, y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos legales vigentes. Por su parte, García Rivero fue sentenciada a dos años y nueve meses de prisión y una multa de 150 salarios mínimos.
En el curso de la investigación se conoció que el hombre era el encargado de solicitar, desde Orito (Putumayo), productos de especies de fauna silvestre colombiana como colmillos y plumas, para su posterior distribución.
La mujer, desde Villa de Leyva (Boyacá), era la encargada de hacer las publicaciones por redes sociales y concretar por canales virtuales los pagos.
La Fiscalía documentó 10 casos en los que los integrantes de ‘Harpía’ coordinaron la venta y envío de partes de animales a diferentes destinos nacionales e internacionales.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
