Fueron identificadas cerca de 22 víctimas en su mayoría mujeres que eran engañadas por los hoy condenados que se hacían pasar como taxistas para cometer los delitos.
Las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación demostraron la responsabilidad de Jeferzon Eduardo López Rodríguez, alias El Pollo; Wilmer Alexander Castiblanco Torres, alias Victorino; y Jhon Jaime Vásquez Vásquez, alias Gafas en los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado, concierto para delinquir y acto sexual violento. Las cuatro conductas agravadas.
La investigación adelantada por un fiscal Especializado de la Seccional Bogotá estableció que estas personas integraban una red delincuencial denominada Los Pikachu, que se hacían pasar como taxistas para secuestrar a ciudadanos en la modalidad de ‘paseo millonario’.
De esta manera, les exigían a las víctimas dinero a cambio de su liberación y en algunos eventos las sometían a vejámenes sexuales. Una de las afectadas fue una mujer quien fue retenida el 6 de diciembre de 2019, tras abordar un taxi en el que varias personas se subieron y la despojaron de sus pertenecías y sustrajeron de sus tarjetas bancarias más de 61.000.000 de pesos.
Los hoy sentenciados están involucrados en, al menos, 22 eventos delictivos, ocurridos entre 2019 y 2020 en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, en Bogotá, donde se apropiaron de más de 245.000.000 de pesos.
En este sentido, un juez de conocimiento condenó a López Rodríguez, a 42 años de prisión, mientras que a Castiblanco Torres y Vásquez Vásquez, a 43 años. Adicionalmente, deberán pagar una multa de 23.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Esta decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.
LMBG/AMCJ/MDPG/FSB.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
