De 14 capturados sólo ellos preacordaron con la Fiscalía.
Cuatro personas que aceptaron ante la Fiscalía haberse concertado para delinquir al servicio de una organización dedicada al microtráfico de estupefacientes que delinquía en Dosquebradas (Risaralda), conocida con el nombre de La Soledad, fueron condenadas por el Juzgado 1° Penal Especializado Itinerante de Pereira a la pena de 3 años y 7 meses de prisión.
Se trata de Julio Enrique Castrillón y su madre Ana Rita Castrillón Arenas; Jhon Edison Morales y José Wilson Cárdenas Benítez, por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en concurso homogéneo, en la modalidad de venta.
La Soledad que tenía su centro de operaciones en el barrio que lleva el mismo nombre en el municipio industrial, se estructuró criminalmente con el pasar del tiempo, aprovisionándose de armas de fuego para blindar su accionar delictivo enmarcado en la comercialización de marihuana regular y tipo crypa, bazuco y heroína.
Los roles estaban totalmente definidos, encargándose algunos de la venta del estupefaciente, mientras que otros aprovisionaban los expendios, trabajando así de manera articulada como una empresa criminal que distribuye la droga en bicicleta para no levantar sospechas.
El grupo extendió sus tentáculos a los 15 barrios que conforman la comuna mencionada, sin descartar la injerencia en otros sectores limítrofes geográficamente estratégicos, ubicados en partes altas del municipio industrial, en donde establecían sitios de camuflaje para armas de fuego y puntos de observación para detectar la presencia de personas que les generaran desconfianza y por consiguiente arremeter violentamente contra ellas.
El grupo delictivo que venía siendo investigado desde septiembre del año 2015, fue impactado en mayo de 2016 con la realización de 11 diligencias de allanamiento y registro mediante las cuales se logró la captura de 14 personas por orden judicial, por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Risaralda y la Policía Metropolitana de Pereira en varios barrios de la Comuna 8.
La defensa de Ana Rita solicitó que la medida que tenía domiciliaria se le mantuviera debido a que tiene un hijo de 13 años, pero el juzgado la consideró no procedente porque así lo estipula la ley para delitos como el concierto para delinquir; además que no tuvo reparo en usar su casa para cometer actividades ilícitas en compañía de su otro hijo condenado, exponiendo al menor de edad a ser testigo de tal situación.
Lo mismo sucedió con otras dos personas que tenían igual beneficio por lo que ordenó fueran trasladadas al centro carcelario que señalara el Inpec para purgar la pena impuesta, la cual quedó ejecutoriada.
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