Un fiscal de la Seccional Chocó obtuvo cinco condenas para integrantes de la organización delincuencial Los Mexicanos, responsables de atemorizar a comerciantes de Quibdó, a quienes les exigían millonarios pagos, a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familias.
Se trata de Wilmar Asprilla Mena y Seidy Samira Maturana Valencia, quienes fueron condenados a 4 años y 3 meses de prisión; Yan Carlos Urrutia Murillo y Luis Fernando Palacios sentenciados a 4 años; y finalmente Jhonatan David Borja Mendoza quien deberá afrontar una condena de 1 año y 8 meses de cárcel. Todos son considerados responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión, según sus responsabilidades independientes.
Labores de policía judicial evidenciaron que la red ilegal enviaba a sus víctimas, en su mayoría comerciantes, mensajes con la frase “Plata o plomo”, además de hacerles exigencias económicas mensualmente para no asesinarlos a ellos o a sus familiares.
Uno de los casos denunciados ante la Fiscalía se relaciona con el propietario de un taller de mecánica ubicado en el barrio Bonanza de Quibdó, a quien en octubre de 2021 lo conminaron a pagar 20 millones de pesos, y de ahí en adelante continuar cancelando mensualidades de 400.000 pesos.
Esta última cifra mensual, también le era exigida al propietario de un negocio de venta de carne, para no asesinarlo. En otro hecho, otra víctima era conminado a pagar 50 millones de pesos, so pena de asesinar a sus familiares.
Los detenidos deberán pagar las condenas en centro carcelario y se les negó la prisión domiciliaria o la libertad condicional.
JLH/MAGA/MMO
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
