También fueron sentenciados dos cabecillas de la compañía Jaime Toño Obando del frente Guerrillero Comuneros del Sur.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que fueran condenados a 58 años y 6 meses de prisión, los integrantes del comando central del ELN y los cabecillas del frente Guerrillero Comuneros del Sur de este grupo armado ilegal, por su responsabilidad en el crimen de tres firmantes del acuerdo paz en hechos ocurridos entre el 25 y 30 de enero de 2018 en zona rural de Nariño.

La Fiscalía demostró que estas personas por cadena de mando dentro del grupo ilegal ordenaron la desaparición forzada de las víctimas, quienes fueron sacadas en contra de su voluntad de sus viviendas en la vereda La Florida de Santa Cruz de Guachavés (Nariño).

Posteriormente, los firmantes del acuerdo paz fueron asesinados con arma de fuego y sus cuerpos abandonados en una fosa. Información entregada por la comunidad permitió la recuperación de los cuerpos.

En ese sentido un juzgado de conocimiento de Pasto declaró culpables a los integrantes del Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda alias, Pablo Beltrán; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, alias Carlos Marín.

Asimismo, a Gabriel Yepes Mejía, alias HH y  Jorge Wilfrido Rosero Marín, alias Fercho, como cabecillas del frente de este grupo ilegal que operaba en la zona donde ocurrió el crimen.

Los integrantes de este grupo armado ilegal fueron condenados como personas ausentes por los delitos homicidio en persona protegida, rebelión y desaparición forzada. En la sentencia les fue impuesta una multa de 6.216 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 2018 y libró las órdenes de captura correspondientes.

Está sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.