Los sentenciados se confabularon con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ganar las elecciones y a cambio se comprometieron a entregar parte del presupuesto del municipio al grupo armado ilegal.
Una minuciosa investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de la República en primera instancia condenara a los exalcaldes de Chalán (Sucre) Hugo Antonio Méndez Hernández (2003-2005) y Álvaro Segundo Martínez Buelvas (2005-2007) a penas de prisión de 37 años y 9 meses; y 30 años y 4 meses, respectivamente.
La decisión judicial se da luego de que la Fiscalía comprobara la participación de los dos condenados en el asesinato de los aspirantes a la alcaldía del referido municipio, Orlay del Cristo Lázaro Bohórquez, asesinado el 30 de abril de 2002 y Óscar Emell Méndez Lara ultimado el 25 de julio de 2004, ambos ocurridos en Sincelejo, por miembros de las AUC que delinquían en Sucre.
La Fiscalía demostró que los ahora sentenciados se confabularon con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ocupar los referidos cargos de elección popular.
La investigación determinó, que una vez en el poder Méndez Hernández y Martínez Buelvas, financiaron la organización criminal con aportes mensuales de hasta cinco millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Méndez Hernández como autor material del delito de homicidio y concierto para delinquir de las dos víctimas. Martínez Buelvas, fue considerado autor material de los mismos delitos, pero sólo por el caso de Orlay del Cristo Lázaro Bohórquez.
Además de la pena privativa de la libertad, cada uno de los condenados deberá cancelar una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales.
Contra los procesados pesan órdenes de captura para el cumplimiento de la pena impuesta. Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MAGA/DH/DSS/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
