Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que John Jairo Marín Velásquez y a Brayan Smith García Agudelo, aceptaran mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen de un usuario de un centro de rehabilitación en Cúcuta (Norte de Santander).  

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y los condenó a 25 años de prisión por los delitos de homicidio agravado; tortura; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. 

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hoy sentenciados participaron en el asesinato en hechos ocurridos entre el 23 y el 24 de febrero de 2025. 

Se estableció que a la víctima le suministraron medicamentos para ponerla en estado de indefensión. Posteriormente fue esposada, golpeada y sometida a tratos crueles y degradantes, para que les entregará información sobre un dinero que había perdido y que iba a ser utilizado para la adecuación de la sede.  

Producto de las agresiones la víctima falleció y los hoy condenados desmembraron su cuerpo y ocultaron las partes una nevera de icopor que fue abandonada en vía pública y hallada por las autoridades el 27 de febrero de 2025. 

Los condenados fueron capturados en marzo de 2025, durante diligencias de allanamiento y registro  adelantadas a una vivienda del barrio Pueblo Nuevo de esta ciudad. Desde entonces permanecen privados de la libertad en establecimiento carcelario.  

 

La sentencia quedo ejecutoriada. 

 

MPHA/AMCJ/ECDD/EDBCH/DSNS 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.