En uno de los hechos también resultó herida otra persona. 

Se visualiza al sentenciado junto a un investigador del CTI. Detrás de ellos el banner que identifica a la Fiscalía General de la Nación.
Frambier Adolfo Vásquez Aponte, alias Veneco, al momento de ser capturado el pasado mes de junio, fue condenado a más de 18 años de prisión por homicidio agravado y otras conductas.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Frambier Adolfo Vásquez Aponte, alias Veneco, aceptara mediante preacuerdo, su participación en dos hechos sicariales en los que fallecieron dos personas y otra más resultó gravemente herida.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 18 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 

Los dos hechos violentos se presentaron en junio pasado en Cúcuta (Norte de Santander). En el primero suceso, Vásquez Aponte descendió de una motocicleta en vía pública y, sin mediar palabra, disparó con un arma de fuego a una persona causándole la muerte.

Posteriormente, en un centro comercial de la ciudad, el hoy sentenciado y otro individuo ejecutaron un nuevo ataque armado que dejó como resultado una víctima mortal y otra lesionada.

El hombre fue capturado en flagrancia el 5 de junio del año en curso, por uniformados de la Policía Nacional, cuando se movilizaba en una motocicleta portando el arma utilizada en los hechos.

El condenado continuará privado de la libertad en establecimiento carcelario hasta cumplimiento de la pena impuesta.

La sentencia quedo ejecutoriada.

 

MPHA/AMCJ/ESQ/EDBC/DSNS

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.