Simeón Pérez Marroquín fue contactado para organizar todo lo relacionado con el atentado y entregó el arma con la que se ejecutó el crimen.
En atención a las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.
Una juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 22 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En el curso de la investigación se conoció que esta persona fue contactada para planear el ataque. En ese sentido, encomendó la articulación del plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien habría definido la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.
Adicionalmente, alias El Viejo realizó labores de seguimiento a la víctima, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá. Asimismo, fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad.
Posteriormente, una semana después del ataque, el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc.
Simeón Pérez Marroquín fue capturado en octubre de 2025 en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta).
Esta información se publica por razones de interés general.
AMCJ/JARG/ECC/DJR/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
