Dos sentencias condenatorias le fueron notificadas a Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, en su lugar de reclusión, por 43 homicidios, 22 secuestros y un desaparecido en hechos ocurridos en Trujillo, Valle del Cauca, en marzo de 1990.

En una primera sentencia el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga,  Valle del Cauca, con base en una investigación adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, además de imponerle una pena de 20 años de prisión, lo condenó a indemnizar a cada una de las familias de los 42 muertos, los 22 secuestrados, un desaparecido y la tentativa de dos homicidios agravados; el equivalente de un mil salarios mínimos legales mensuales en el momento del pago, por concepto de indemnización de perjuicios morales.

Los hechos tienen origen el 29 de marzo de 1990, en la vereda Playa Alta del corregimiento La Sonora, jurisdicción del municipio de Trujillo, cuando se presentó una emboscada del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, a una patrulla del Ejército Nacional en que fallecieron siete uniformados y un presunto subversivo, hecho que dejó varios heridos dentro de la población civil.

Como consecuencia de lo ocurrido y al parecer en retaliación a la presunta colaboración de ciudadanos de Trujillo con grupos subversivos, se conformó un grupo paramilitar en su mayoría integrado por personas jóvenes de la región, quienes con la connivencia de algunos militares y policías acantonados en la zona, iniciaron un periplo por la jurisdicción a partir del 30 de marzo de 1990 que trajo como consecuencia la muerte de 42 campesinos, le secuestro de otros 22 y un desaparecido.

La segunda decisión, proveniente del mismo Juzgado y que se relaciona con los mismos hechos condenó a Henry Loaiza Ceballos a 30 años de prisión, en calidad de coautor del delito de homicidio agravado y ordenó indemnizar a la señora FCO el equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales en el momento del pago, por concepto de perjuicios morales por el homicidio de uno de sus familiares. El juez ordenó el pago de igual cuantía a favor de quien acredite mejor derecho, respecto de los familiares de Ricardo Mejía y Jairo Ortiz, quienes perdieron la vida en esos hechos.