Los elementos de prueba presentados en juicio por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para que un juez de conocimiento de Medellín declarara al excontralor de Antioquia, Jorge Alberto Rojas Otálvaro, responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación está relacionada con el contrato 134 de 2009, que tenía por objeto la implementación de un software para la entidad y cuyo valor inicial se pactó en 1.078 millones de pesos. Sin embargo, se constató que fueron aprobadas prórrogas y adiciones que permitieron que ascendiera a 1.620 millones de pesos.

Adicionalmente, fueron detectadas otras irregularidades como ausencia de licitación pública. El citado contrato se adjudicó de manera directa a una empresa que no contaba con la experiencia ni capacidad técnica para cumplir la actividad encomendada. Los indicios dan cuenta de que había sido constituida 40 días antes de la firma y utilizó indebidamente el nombre de un ingeniero de sistemas de la Contraloría Departamental para acreditar idoneidad.

La Fiscalía evidenció que el sentenciado, quien se desempeñó como contralor departamental entre 2008 – 2011, fue copropietario de varias extensiones de tierra en Abejorral (Antioquia) con el hermano del representante legal de la empresa contratista.

En ese sentido, el juzgado 30 penal del circuito de Medellín (Antioquia) le impuso 64 meses de prisión y multa de 66 salarios mínimos legales vigentes para la fecha de los hechos, además de inhabilidad para ocupar cargos públicos de 80 meses.

La Fiscalía apeló el fallo de primera instancia por considerar que, ante los hechos acreditados, la pena podría ser mayor.

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