Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 8 años y 9 meses de prisión a Luis Hernando Rodríguez Ramírez, exalcalde de Ibagué, por las irregularidades detectadas en convenios para la preparación de los escenarios para los Juegos Nacionales y Paranacionales que se realizarían en 2015.
El exmandatario aceptó su responsabilidad, antes de iniciar la etapa de juicio oral, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El juzgado lo inhabilitó por 9 años y 9 meses para el ejercicio de cargos públicos y lo condenó a pagar una multa de 6.182,72 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). Además, se le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.
La Fiscalía demostró que se suscribió un convenio entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), Coldeportes y la Gobernación de Tolima, para los estudios y diseños del Estadio Manuel Murillo Toro. Rodríguez Ramírez, por intermedio del secretario de planeación, contrató a un particular que no cumplía con los requisitos para desarrollar dicho acuerdo, por un valor superior a 800 millones de pesos.
Además, existieron irregularidades en la suscripción de otro convenio para la remodelación y adecuación de los escenarios deportivos de la calle 42, donde se presentó un peculado por $7.797’000.000.
Finalmente, se probó que hubo un interés particular en la contratación del abogado Orlando Arciniegas Lagos, por un valor de $58.000.000, a través del secretario de hacienda, para que hiciera las veces de consultor para la suscripción de todos los convenios relacionados con la construcción y adecuación de los escenarios que se utilizarían en los juegos. Este hombre ya está condenado y en prisión por los mismos hechos.
PAAM/LMFO/AMCJ/MCAA/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.