El material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez penal del circuito de La Unión (Nariño) condenara a 8 años de prisión a José Manuel Erazo Arcos, docente de una institución educativa.
Un fiscal seccional del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) le imputó cargos al hombre por su responsabilidad material en los delitos de acceso carnal en grado de tentativa con menor de 14 años agravado.
Los hechos por los cuales el docente fue condenado ocurrieron en 2017, dentro de una institución educativa de la vereda El Limar, zona rural de Arboleda (Nariño), donde estudiaba la víctima, cuando cursaba quinto de primaria.
Según el proceso penal, Erazo Arcos llevaba a la menor a un sitio de la cocina y, en cuatro oportunidades, le habría realizado tocamientos indebidos en su cuerpo e intentado accederla sexualmente.
De acuerdo con la investigación, para ganarse la confianza de la víctima, el sentenciado le decía que iban a realizar actividades académicas y cometía los actos sexuales.
Una vez instaurada la denuncia por parte de los familiares, la fiscalía recaudó evidencias y material probatorio de los abusos sexuales y logró que un juzgado penal emitiera una orden de captura contra José Manuel Erazo.
Servidores del CTI del grupo CAIVAS, con apoyo de agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia capturaron al hombre en Arboleda.
La sentencia condenatoria de 8 años contra el educador quedó en firme.
La Fiscalía habla con resultados.
JGPV/FAGH/JPGG/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
