En el curso de la investigación se estableció que el hoy sentenciado agredió física y emocionalmente a la mujer, y la amenazó en varias oportunidades con asesinarla y arrojarla a un río, como efectivamente ocurrió.
Luego de valorar las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento condenó a 55 años de prisión a Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, por causarle la muerte a su pareja sentimental y desaparecerla en Medellín (Antioquia).
La víctima, de 36 años, fue vista por última vez el 18 de febrero de 2023, en el sector El Cucaracho del barrio Robledo. 37 días después las autoridades encontraron el cuerpo decapitado en una quebrada. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció la plena identidad.
La investigación dirigida por una fiscal de la Seccional Medellín da cuenta de que Vanegas Muñoz sometió a su compañera a un ciclo de violencia física, verbal y psicológica. En varias oportunidades la amenazó con asesinarla y arrojarla a un río para evitar que fuera localizada, como efectivamente ocurrió.
También se conoció que durante el tiempo en el que la mujer estuvo desaparecida, la familia recibió llamadas anónimas en las que informaban que ella se había ido a trabajar a Barcelona (España).
Rafael Ramiro Vanegas Muñoz fue capturado por unidades de la Policía Nacional, judicializado y asegurado en mayo de 2024. Deberá permanecer en centro carcelario mientras cumple la pena impuesta en su contra por los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada.
La condena emitida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
LFML/LMFO/DR/DSM/JARG.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
