Los hechos ocurrieron cuando los esposos llegaban a su casa después de retirar una fuerte suma de dinero y fueron interceptados por una motocicleta de la cual descendió el parrillero y les disparó debido a que se negaron a entregar el dinero que les exigían.

Un fiscal de San Vicente del Caguán, Caquetá, logró una condena a 26 años de prisión en contra de John Edinson Chala Torrejano por su responsabilidad en los delitos de homicidio tentado, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El delegado fiscal logró demostrar que el procesado participó en el ataque del que fue víctima una pareja de esposos el 28 de enero del año 2019, cuando llegaban a su casa luego de haber retirado una fuerte suma de dinero y los interceptaron dos hombres que iban en una moto de la cual descendió el parrillero amenazándolos con una pistola.

Éste fue identificado como Chala Torrejano quien con palabras soeces se dirigió al esposo exigiéndole que le entregara el dinero. Ante su negativa el procesado intentó disparar pero no le salió el tiro, y al intentarlo nuevamente disparó en contra de la esposa logrando herirla. Luego lo hizo de nuevo contra el esposo impactándolo en su rostro perdiendo el sentido de inmediato. Los ladrones se llevaron su celular y dinero en efectivo.

El juzgado que emitió la condena le impuso además inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y le negó algún beneficio.

Se libró la respectiva orden de captura para darle cumplimiento a la pena impuesta.

La decisión quedó en firme.

 

 

La Fiscalía habla con resultados.

PAAM/LYBT/AAP/NQB/DSC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.