Ilse Paulina Martínez Visbal impidió que se hiciera efectiva una decisión de segunda instancia que condenó a un abogado y dispuso que se hiciera efectiva la pena.
Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral, un juez penal de conocimiento condenó a la exsecretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta (Magdalena), Ilse Paulina Martínez Visbal, a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
Los hechos que motivaron el fallo están relacionados con una decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior Santa Marta, el 12 de octubre de 2011, en la que ratificó la condena a 45 meses de prisión en contra de un abogado que participó en la defraudación al Instituto de Seguros Sociales (ISS).
Posteriormente, el expediente quedó a disposición de la entonces secretaria de la Sala Penal de la alta corporación, quien ocultó y desapareció el cuaderno que contenía el fallo que dispuso la detención del abogado, y omitió los procedimientos establecidos por ley al remitir el proceso incompleto y directamente a un juzgado de ejecución de penas. De esta manera, la exfuncionaria judicial favoreció al abogado para que no se conociera ni aplicara la condena en su contra.
La sentencia de Martínez Visbal es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Además de la pena conocida, que deberá cumplirse en el lugar de residencia, contiene una inhabilidad de 65 meses para ejercer funciones públicas.
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LAGP/JARG/IBO/DECC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.