Alias La Negra o Wendy, aceptó su responsabilidad en dos eventos ocurridos en agosto de 2023, en Hobo y Algeciras (Huila).
Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Cristol Andrea Sánchez Uribe, alias La Negra o Wendy; un juez penal especializado de conocimiento la condenó a 10 años y 3 meses de prisión, por su participación en acciones terroristas en Huila.
En ese sentido, fue declarada responsable de los delitos de terrorismo; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial (DAT) demostró que ‘La Negra’, para 2023 era integrante del frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc, donde se desempeñaba en el rol de sicaria y en la comandancia de una red urbana. Esta mujer participó de dos eventos terroristas, ocurridos en Hobo y Algeciras (Huila).
El 19 de agosto de 2023, en la vereda Vilaco de Algeciras, fue incinerado un vehículo de servicio público. Se demostró que ‘La Negra’, junto a otros dos hombres, encañonaron al conductor, bajaron a los pasajeros y procedieron a prenderle fuego al bus, además entregaron panfletos a los ocupantes, a nombre del grupo armado ilegal.
De otra parte, el 24 de agosto de 2023 participó en el lanzamiento de una granada de fragmentación contra una estación de servicio ubicada en el barrio Las Mercedes en Hobo, que causó daños al estante de aceite del lugar y a un vehículo que se encontraba en inmediaciones al sitio.
El juez negó la sustitución de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y deberá continuar privada de la libertad en establecimiento penitenciario.
LMFO/AMCJ/SMO/JAGA/DAT/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
