Al acoger los argumentos de la Fiscalía, el juez 20 con función de conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de prisión a Deiris Doralba Anaya Sánchez, al hallarla responsable de pertenecer a una red ilegal que traficaba recién nacidos.
En la investigación, el fiscal del caso estableció que la mujer era la encargada de cuidar y vender a recién nacidos por sumas que oscilaban entre un millón de pesos y cinco millones de pesos.
La red ilegal utilizaba como fachada las instalaciones del centro médico ‘Ecomarly’, en el centro de la capital, donde eran atendidas mujeres con más de siete meses de embarazo.
Los cómplices de Anaya, entre los que se encontraba un médico, convencían a sus pacientes de abortar porque tenían un embarazo de alto riesgo que comprometía su vida y la del feto.
Luego de practicar el procedimiento quirúrgico, los miembros de la red se quedaban con los menores y se los entregaban a la mujer, que se encargaba de cuidarlos para después venderlos.
Por esos hechos, el juez del caso condenó a Anaya Sánchez por su responsabilidad en los delitos de tráfico de personas agravado en concurso con concierto para delinquir agravado.
En la misma decisión, el juez le impuso una multa de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ordenó su traslado a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.
