Como responsable del delito de contaminación ambiental fue condenada a 40 meses de prisión, a solicitud del fiscal del caso, Maria Itsmenia Mateus de Camargo por un juez con funciones de conocimiento de Bogotá.
En su decisión el juzgador también conminó a Mateus de Camargo al pago de 111 salarios mínimos mensuales legales vigentes, luego de comprobarse que su empresa de curtiembres, ubicada en el barrio San Benito al sur de la capital, vertía sustancias contaminantes a los ríos Tunjuelito y Bogotá.
Esa sentencia fue apelada por la defensa de la procesada.
