Los tres ocupantes del vehículo medicalizado fueron capturados en situación de flagrancia y judicializados.
En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fue detectada una ambulancia que ocultaba 203 kilogramos de marihuana, entre equipos e insumos médicos.
El hallazgo se produjo mientras el vehículo se movilizaba en el sector conocido como Daza, en Pasto (Nariño). Durante el procedimiento se constató que en el automotor iba una persona que se hacía pasar como paciente, además de un paramédico y el conductor. En realidad, todo se trataba de una fachada para simular un traslado de urgencias e intentar evadir a las autoridades.
Los tres tripulantes de la ambulancia fueron capturados en situación de flagrancia. Las investigaciones dan cuenta de que, al parecer, pretendían entregar la marihuana en La Unión (Nariño) a una red narcotraficante que tiene injerencia en zona de frontera con Ecuador.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los detenidos el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Los afectados con la decisión son: Tito Ely Pérez Mora, José Cesareo Ojeda Jenoy y Cristian Fáner Garzón Barreto.
En las audiencias concentradas, el juez de control de garantías avaló la incautación de la ambulancia y la sustancia ilegal. De acuerdo con los peritos, la cantidad de marihuana encontrada superaría en valor los 100 millones de pesos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/JARG/DECN.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
