• 700 fiscales atenderán los hechos que afecten el certamen democrático o representen riesgo de corrupción electoral.

  • La entidad investiga en este momento 573 casos que tendrían relación con delitos electorales.

La Fiscalía General de la Nación actúa con determinación contra la corrupción electoral. Articula los esfuerzos de las distintas delegadas y direcciones de la entidad para que, en el marco de sus competencias, se brinde respuesta oportuna e investiguen los hechos que afectan el normal desarrollo del proceso democrático.

En ese sentido, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, firmó la Resolución 0438 del 25 de mayo de 2022, por medio de la cual se destacan los equipos de trabajo para atender los fenómenos delictivos que se presenten en el marco y con ocasión de la jornada electoral que se cumplirá el próximo domingo 29 de mayo.

De esta manera, se fortalecen los parámetros de intervención definidos para las elecciones al Congreso de República y las consultas interpartidistas, que se realizaron el pasado 13 de marzo.

La Fiscalía estará presente en los territorios. El equipo directivo y 5.700 fiscales acudirán a las regiones y se ubicarán, de acuerdo con las alertas del mapa de riesgo elaborado por la entidad sobre corrupción electoral o presencia de grupos armados ilegales. Asimismo, se conformarán equipos itinerantes para garantizar seguimiento y una reacción judicial efectiva.

Adicionalmente, se contará con apoyo del CTI para asumir con inmediatez los actos urgentes de investigación y asegurar los elementos probatorios ante cualquier eventualidad que sea reportada.  Adicionalmente, fueron dispuestos canales de comunicación para que la ciudadanía tenga la posibilidad de denunciar, estos son: la línea telefónica gratuita nacional 01 8000912005 y el correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co.

En este trabajo se actuará de manera conjunta y armónica con la fuerza pública y otras entidades del Estado; y se hará permanente verificación con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) para conocer las quejas y los reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades.

Acción investigativa

La estrategia investigativa dispuesta hace cuatro meses por el Fiscal General de la Nación para enfrentar el año electoral sigue activa en cinco ejes fundamentales (corrupción electoral, afectaciones al libre ejercicio político, seguridad personal e informática, candidaturas por el acuerdo de paz y financiación irregular).

Hasta el momento hay 573 casos activos (564 en indagación, 5 en investigación y 4 en juicio), con corte al 24 de mayo de 2022.

Por posibles conductas ilícitas contra candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia de la República hay 23 casos; mientras que por hechos en contra de aspirantes al Senado hay 39 y en contra de los participantes en las elecciones a la Cámara de Representantes hay 65.

Los delitos más investigados son: corrupción al sufragante (101 eventos), constreñimiento al sufragante (93), voto fraudulento (69), amenazas (58), fraude al sufragante (49), amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (29), alteración de resultados electorales (27), perturbación de certamen democrático (25), injuria (12), calumnia (11) y daño en bien ajeno (7).

De otra parte, se registran 47 casos por amenazas contra defensores de derechos humanos y contra candidatos del Partido Comunes o de las Circunscripciones Especiales de Paz.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

LAGP/JARG/EAC/DECC/SPPEI/FPQ/MRC.

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.