El material probatorio recaudado por un fiscal de la Seccional Quindío permitió la judicialización de 10 presuntos integrantes de la organización ‘Gaitanistas’, al parecer implicados; según sus responsabilidades individuales, en delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada y uso de menores para la comisión de delitos.
Se trata de Nini Johana Pupo García, Carmen Sofía Vargas Rey, Leydy Tatiana Giraldo Henao, Carlos Fernando Laserna Orrego, Alexis Calderón Calderón, Jhon Fredy Gómez Osorio, Víctor Alfonso Vélez Calle, Juan Carlos Salazar Ríos, Jonathan Muñetón García y Jhon Jairo Arroyave Escudero.
Estas personas, al parecer, realizaban llamadas extorsivas a comerciantes de Armenia, Montenegro y otros municipios del departamento en las que se identificaban como comandantes del Clan del Golfo para generar más temor en las víctimas que eran intimidadas con ser asesinadas o atacados sus establecimientos de comercio de no cumplir con las exigencias monetarias.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo algunos integrantes de los ‘Gaitanistas’, al parecer, simulaban ser impulsadoras en establecimientos de comercio para de esa manera investigar a sus futuras víctimas. El dinero exigido debía ser enviado a través de empresas de giros.
El juez de garantías privó de la libertad en centro carcelario a tres de los procesados, tres más fueron cobijados con medidas de aseguramiento domiciliario, y dos más seguirán vinculados al proceso en libertad. Otros dos implicados se encuentran recluidos en centros carcelarios por otros delitos.
Dos de los implicados aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados.
La Fiscalía habla con resultados
CLCG/MAGA/JHM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
