Atendiendo una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, realizada el pasado 24 de febrero, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura a 23 personas reconocidas por el Gobierno nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá.
La decisión, respaldada por la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía.
La Resolución 00072 del 27 de marzo precisa que las suspensiones tendrán una vigencia inicial de seis meses y buscan que los referidos voceros participen en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan.
La medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), zonas donde se realizarán los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia.
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