La Fiscalía General de la Nación desarrolla en la actualidad un proceso silencioso de transformación y renovación dirigido, entre otros aspectos,  a atacar la estructura de las organizaciones criminales que operan en Colombia y tienen impacto en otros países. Hemos fortalecido la articulación institucional interna y la cooperación judicial internacional, porque sabemos que la delincuencia es una amenaza que no respeta fronteras.

En el marco de la Trigésima Segunda Asamblea General Ordinaria de la Organización Iberoamericana de Ministerios Públicos, AIAMP, celebramos el viernes pasado convenios de cooperación y la conformación de equipos conjuntos de investigación con Chile, Paraguay, Bolivia y Panamá. Estos acuerdos constituyen la hoja de ruta para una agenda multilateral donde se suman las capacidades de persecución penal de diversos países latinoamericanos y del caribe, pero en la que también contamos con la colaboración de España, Portugal, Andorra, Italia, Países Bajos, y últimamente países como Serbia y Albania, afectados por los flagelos del narcotráfico y la trata de personas.

Estamos observando que esta lucha  contra la corrupción y  la criminalidad organizada dentro y fuera del país, está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de estas manifestaciones. 

Como lo expuso al término de su vista a Guatemala el pasado 23 de mayo la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, existen graves preocupaciones institucionales respecto del liderazgo de la oficina de la Fiscal General de ese país desde 2018, por el posible abuso del derecho disciplinario para sancionar a los jefes de unidades especializadas que conocían de casos de corrupción, derechos humanos o justicia de transición, a veces en momentos clave de casos de alto perfil, o respecto de fiscales encargados de investigaciones especialmente delicadas o con conexiones políticas, lo cual plantea preocupaciones sobre presiones o represalias por la labor desempeñada en estas materias.

La alta funcionaria del sistema de Naciones Unidas mencionó igualmente la existencia de un patrón preocupante de utilización del derecho penal para intimidar y acallar la voz de quienes defienden los derechos humanos, combaten la corrupción o quieren cuestionar los poderes establecidos, entre ellos más de 60 operadores de justicia, periodistas, autoridades indígenas, líderes estudiantiles y miembros de las comisiones de postulación, acusados de numerosas acciones jurídicas que se repiten y solapan, basadas en hechos muy gaseosos y por delitos muy generales, como abusos de la autoridad u obstrucción a la justicia.

En ese contexto conocimos la decisión emitida por la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala, la cual constituye una flagrante violación a los términos del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la cual hice parte entre 2014 y 2017 como jefe del Departamento de Investigación y Litigio.

El artículo 10 de ese acuerdo suscrito en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006 establece que el comisionado/a, y el personal internacional de la CICIG, “tendrán inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa de conformidad con la Convención de Viena” sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Adicionalmente, incluye inmunidad de arresto o detención personal e inmunidad de toda acción judicial con respecto a actos realizados en el desempeño de la misión, incluso “… después de que la comitiva haya dejado de prestar servicios a la CICIG”.

En ese sentido, la determinación del Tribunal desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias. 

Se basa en una interpretación descontextualizada de los logros obtenidos en el caso Odebrecht por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala dirigida por su entonces jefe, Juan Francisco Sandoval Alfaro, acompañado por personal nacional e internacional de la CICIG entre el que me cuento. En ese caso se construyó y desarrolló una metodología de investigación que permitió rastrear y documentar la ruta del dinero entregado como soborno por la constructora brasileña a altos funcionarios del Estado guatemalteco. El rigor y la solidez de esa investigación generaron la reacción de los corruptos involucrados que pretenden desprestigiarla.

Por eso, más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional que ayer se dio por tramitada sin estarlo y que no será emitida, teniendo en cuenta el comunicado del Gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público de ese país, me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen.

Las actuaciones que se cuestionan, como cruzar correos o asistir a reuniones en que se discutían los términos de colaboración eficaz a que se sometieron los altos directivos de Odebrecht, fueron la base para la entrega de importante información sobre los receptores de las coimas pagadas y del compromiso de la multinacional de reconocer al Estado de Guatemala una indemnización de 16.5 millones de dólares por los actos de corrupción que promovió.

La inmunidad no significa impunidad: claro que puedo ser investigada pero observando las formas propias del debido proceso internacional. Es más dañino difundir rumores y dejar un manto de duda sobre mi conducta, que ni en esa época ni ahora  puede ser cuestionada.

Hago un llamado a la sensatez, al respeto por los compromisos asumidos conforme a la Carta de Naciones Unidas, y a la consolidación de caminos de colaboración, legítimos y lejanos de la criminalización emprendida contra personas que luchan contra la corrupción, advertida hace una semana por la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwait.

Agradezco el respaldo incondicional de quienes creen en las instituciones.

 

LUZ ADRIANA CAMARGO GARZÓN

Fiscal general de la Nación