Se trata de dos hechos delictivos ocurridos en Calamar y Villanueva (Bolívar).
La Fiscalía judicializó a cinco personas señaladas de incurrir en distintos delitos en el departamento de Bolívar. Los procesados fueron afectados con medidas de aseguramiento en centros carcelarios, como presuntos responsables de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado agravado.
Uno de los casos se registró el pasado 15 de julio e involucraría a Humberto Manuel Gaviria Fuentes, José Joaquín Gómez Lambertinez, Luis Arturo Baza Martínez y Sibirleis Méndez Gutiérrez.

Según la investigación, los procesados se desplazaban en un bus intermunicipal por la vía que del corregimiento de Carreto conduce al municipio de Calamar cuando, al parecer, con armas de fuego y cortopunzantes habrían intimidado a los demás pasajeros para apropiarse de sus pertenencias.
Policías que se encontraban cerca capturaron a los señalados asaltantes quienes habían huido del lugar en una motocicleta que los esperaba en la carretera. En el procedimiento fue incautada las armas que habrían sido usadas en el robo, además de recuperar los elementos presuntamente hurtados.
Por otro hecho, fue judicializado Ómar Andrés Ramírez Carvajalino, alias Omarcito, señalado responsable de hurtarle un bolso a una transeúnte, el pasado 18 de julio en el barrio Campo Alegre del municipio de Villanueva. El hombre fue capturado en flagrancia con una pistola y munición que no tenía permiso oficial de porte.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.
MEVA/MAGA/YL/YC/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.