La Fiscalía aseguró a cinco militares por su presunta participación en el homicidio de Pablo Emilio Vásquez Pérez, perpetrado el 24 de agosto de 2006 en el corregimiento de Tilodirán, zona rural de Yopal (Casanare).

De acuerdo con la investigación, el día en que ocurrieron los hechos Vásquez Pérez se dirigió a la vereda Quebradaseca, a cinco kilómetros de Yopal, con el propósito de cumplir una cita con desconocidos que le ofrecieron empleo en una finca de la región.

Horas después, su cadáver fue presentado por el Ejército como dado de baja en combate, luego de un aparente enfrentamiento con una red de extorsionistas. A su lado, fueron hallados un revólver, un proveedor para fusil y un radio de comunicaciones.

En la investigación, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH encontró contradicciones en los testimonios rendidos por los militares que participaron en el supuesto enfrentamiento y los vinculó al proceso penal.

Luego de escucharlos en indagatoria, el fiscal del caso aseguró a: Jesús Eduardo Corzo Pita, sargento segundo del Ejército; y a los soldados profesionales Alexander González Almario, Geovanny Murillo Criollo, Weimar de Jesús Cardona García y Daniel Viazus Castiblanco.

Los cinco militares fueron afectados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida en concurso con porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Todos se encuentran privados de la libertad en el centro de reclusión militar de la XVI Brigada, con sede en Yopal.