Al hallar indicios graves de responsabilidad un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de cinco integrantes del Ejército Nacional investigados por haber incurrido, presumiblemente, en el delito de homicidio en persona protegida.
La investigación se relaciona con lo ocurrido el 20 de julio de 2003 en la vereda San Pablo, jurisdicción de Campamento (Antioquia), donde integrantes de las Fuerzas Especiales dieron muerte a Abel Adán Posada Amariles, momentos después componentes del Gaula Antioquia en la misma zona ultimaron a Carlos Alonso Gómez Gutiérrez.
De acuerdo con el reporte castrense, Posada Amariles y Gómez Gutiérrez eran integrantes del Frente 36 de las Farc. Al primero se le encontró un fusil AK 47, 236 cartuchos, y el segundo llevaba un subametralladora Max calibre 9mm y un proveedor.
La decisión adoptada por el fiscal instructor afecta a: Jairo Sandoval Mina, soldado profesional, Edwin Tique Loaiza, soldado profesional, Diler Yom Cano Lemus, retirado, Pedro Nel Hernández Perdomo, retirado, y Alexander Dalgado Giraldo, sargento segundo ( r ), vinculado en calidad de coautores del mencionado punible.
Así mismo, el funcionario judicial se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a otros cinco militares, dos suboficiales y tres soldados profesionales, quienes continúan vinculados al proceso.
