- Audiencia de sentido de fallo contra militares en el caso Soacha. Juzgados Segundo Especializado de Cundinamarca- Bogotá, D.C
Con fundamento en las pruebas presentadas, testimoniales y técnicas, por un fiscal de Derechos Humanos y DIH durante la audiencia de juicio oral, la Juez Segunda Penal Especializada de Cundinamarca, con funciones de conocimiento, emitió hoy sentido de fallo condenatorio para un mayor (r), un teniente, un suboficial, y tres soldados profesionales, por el homicidio agravado de Fair Leonardo Porras Bernal presentado como muerto en combate con tropas del Batallón de Infantería No.15, General Francisco de Paula Santander.
La decisión de la juzgadora afecta a: Marco Wilson Quijano Mariño, mayor ( r), Diego Aldail Vargas Cortes, teniente; Carlos Manuel González Alfonso, cabo segundo; Richard Contreras Aguilar, Ricardo García Corzo y Carlos Antonio Zapata Roldán, soldados profesionales, quienes fueron encontrados responsables del delito de homicidio agravado en calidad de coautores. Ninguno de los acusados estuvo presente en la diligencia de este viernes.
Así mismo, tanto Quijano Mariño como Vargas Cortes también fueron condenados por el punible de desaparición forzada agravada, y al segundo de los procesados se le comprobó su responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en documento público.
Igualmente, en su providencia la Juez Segunda absolvió a todos los acusados por los punibles de concierto para delinquir agravado, y tanto el suboficial como los soldados profesionales fueron absueltos por el delito de desaparición forzada.
La víctima, quien tenía retraso mental e incapacidad laboral del 56 por ciento, desapareció el 8 de enero de 2008 del barrio San Nicolás de Soacha (Cundinamarca) y tras la investigación se estableció que fue ultimado cuatro días después en la vereda La Esperanza, municipio de Ábrego (Norte de Santander).
En la diligencia la juzgadora dejó en la Dirección General del Inpec la responsabilidad de señalar los sitios de reclusión para los procesados que según los abogados defensores están en guarniciones militares disponibles para que sean materializadas las órdenes de captura.
Al término de la audiencia, el fiscal a cargo del caso solicitó a la juzgadora imponer las máximas penas permitidas por el ordenamiento legal, a quienes debían cumplir con el mandato constitucional de proteger la honra, la vida y los bienes de los ciudadanos. En igual sentido intervinieron la representante de la Procuraduría General y la abogada de la víctima.
La audiencia de individualización de pena y sentencia fue convocada para las ocho de la mañana del próximo 25 de mayo.
