La Fiscalia 20 Seccional de Administración Pública de Pereira imputó cargos a Gustavo Aníbal Cardona, empleado de la rama judicial y funcionario en uno de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad, quien habría pedido a un detenido la suma de 50 millones de pesos para gestionar una medida de aseguramiento domiciliaria a su favor.
El hombre habría exigido a un interno de la cárcel de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), asegurado desde 2013 por el delito de narcotráfico, dinero para tramitar un cambio en la medida de aseguramiento que lo cobijaba para que le fuera otorgada la prisión domiciliaria.
Durante la audiencia se conoció que el interno hizo varios pagos de dinero al funcionario judicial, el cual nunca cumplió con lo prometido al detenido. La esposa del interno puso la queja directamente al juez titular del despacho donde laboraba el funcionario y de inmediato este lo denunció ante las autoridades.
Al término de la audiencia, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Pereira aceptó la solicitud hecha por la Fiscalía y cobijó a Gustavo Aníbal Cardona con medida aseguramiento. El imputado aprovechó un receso durante la misma para salir del lugar sin que aún se conozca de su paradero, por lo cual el juez emitió una orden de captura en su contra para que responda por el delito de concusión.
DMH / AAEA
