Como presunto responsable de actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, un fiscal seccional del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) obtuvo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Wilson Ney Muñoz Ordoñez.
Los hechos investigados permitieron establecer a los agentes de Policía Judicial del CTI, que Muñoz Ordoñez, docente de una institución educativa agropecuaria de Potosí y en una escuela de la vereda Cristales en el municipio de San Lorenzo, habría realizado actos sexuales a alumnas del grado de primaria.
Unos abusos se presentaron en el 2020 en la escuela de la vereda Cristales cuando el imputado se encontraba a solas con sus víctimas en el salón de clase y en la Sala de Informática, presuntamente las cargaba en sus piernas, las abrazaba y les realizaba tocamientos indebidos en sus partes íntimas.
Igual situación se habría presentado entre el 2021 y junio de 2023, en Potosí, cuando el hombre, según el proceso penal, tocaba a las víctimas por encima de sus uniformes e intentó cargar a dos menores, quienes lo rechazaron.
La Fiscalía pudo asociar 5 casos denunciados por los padres de las menores víctimas, de entre 7 y 9 años de edad. Surtidas las investigaciones, un juez penal promiscuo de Cumbal (Nariño) emitió una orden de captura contra el educador.
Servidores del CTI, junto con uniformados de vigilancia de la Policía Nacional, capturaron a Wilson Ney Muñoz cuando se desplazaba por un sector del municipio de Potosí.
Durante las audiencias concentradas, el hombre no aceptó los cargos imputados por el ente investigador.
La Fiscalía habla con resultados
JGPV/FAGH/JPGG/DSN
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
