Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca judicializó a Frank Bermúdez Bermúdez, Michael Steven García Castañeda y José Gregorio Martínez Díaz, como presuntos responsables de los delitos de tráfico y porte de armas de uso privativo de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos, utilización ilegal de uniformes e insignias, y receptación.

En la fotografía aparecen los tres capturados junto a un servidor del CTI, tres uniformados de la Policía Nacional y dos soldados del Ejército. En la parte posterior están un mesa con armas, munición, explosivos, seis motores para motocicletas y placas.
Los tres hombres fueron detenidos en flagrancia en zona rural de Buga y Guacarí (Valle).

Estas personas fueron capturadas durante operativos de allanamiento y registro que se cumplieron de manera simultánea en tres viviendas de los municipios de Buga y Guacarí (Valle del Cauca). Hasta allí llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía y el Ejército Nacional.

Durante las diligencias fueron incautadas armas de fuego, munición de diferentes calibres, proveedores, 1 lanzagranadas, estopines, 1 granada de fragmentación, 3 chalecos porta proveedores, uniformes camuflados, 1 celular, 6 motores de motocicleta y placas vehículos reportados como hurtados en Sevilla, norte del Valle del Cauca.

Ninguno de los procesados tenía los documentos de ley que acreditaran el porte legal de las armas encontradas, por lo que fueron capturados. Todos rechazaron ser responsables de los delitos imputados. Un juez penal con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento carcelaria.

 

 

 

 

JGPV/AICR/DSV/MAGA/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.