Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación en Cartagena obtuvo medida de aseguramiento en contra de tres extranjeros, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos investigados se registraron el pasado 16 de mayo, en una trocha que conduce desde los corregimientos de Pasacaballos al de Rocha (Bolívar), donde los hoy procesados con arma de fuego habrían herido a un hombre, causándole la muerte. El ataque ocurrió en medio de un hurto.

En la imagen se observan a tres hombres vestidos con camisetas negras, custodiados por dos agentes de la Policía Nacional, delante de un pendón de esa institución. También aparece un arma de fuego encima de una mesa con mantel blanco.
A los extranjeros les fueron imputados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.

Alex Eduardo González Useche, de 24 años, Yoer José Villasmin Perozo, de 23 y a Yeison José Carvajal González, de 20 durante las audiencias concentradas no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, por su parte el juez los privó de la libertad en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena (Bolívar).

 

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

MEVA/MG/ICHS/DSB

Le puede interesar:

 

En firme condena a 29 años de prisión contra el coronel Benjamín Núñez, responsable del homicidio de tres jóvenes en Chochó (Sucre)

 

A la cárcel tres personas, quienes presuntamente le quitaron la vida a un joven en medio de un robo

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.