Fueron capturados en situación de flagrancia con 40 peces de especies clasificadas internacionalmente en la categoría de amenazadas.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres ciudadanos ecuatorianos que realizaban faenas de pesca ilegal en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, en jurisdicción de Buenaventura (Valle del Cauca).
Se trata de Yoffre Iván Zúñiga Garcés, alias Tache; Ricardo Manuel Preciado Sánchez, alias Señor, y Byron Geovanny Castillo Rodríguez, alias Dorado. Estas personas fueron imputadas por los delitos de daño a los recursos naturales, ecocidio y pesca ilegal. Durante las audiencias concentradas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los extranjeros fueron capturados en situación de flagrancia por unidades de la Armada Nacional, en momentos en los que trasladaban en una embarcación 40 peces de diferentes géneros, como Vela, Marlin, Dorado, Albacora, Tiburón Tollo y Martillo.
Según los conceptos técnicos emitidos por especialistas de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y de otras autoridades, las especies extraídas de las aguas del Pacífico están clasificadas en la categoría de amenazadas, según la ‘Lista Roja’ de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), en el entendido de que no tenían la madurez sexual para reproducirse.
En ese sentido, la pesca ilegal de estas variedades genera un daño al ecosistema del santuario natural, y afecta el equilibrio ecológico, el ciclo de vida y el flujo de energía para la sostenibilidad ambiental de la región.
MAP/AICR/DSVC/AMCJ/MAGA/JARG.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
