Las evidencias recaudadas por la Fiscalía permitieron que un juez penal de Cali les dictara medida de aseguramiento en centro carcelario a siete presuntos integrantes de la banda Los Lleras, dedicada al parecer  a la venta de estupefacientes en Cali y el Norte del Cauca en la modalidad de menudeo.

La estructura criminal Los Lleras manejaba el tráfico y comercialización de estupefacientes en el occidente de Cali y se extendía a algunos municipios del norte del Cauca.
La organización delincuencial tenía como centro de distribución el barrio Lleras Camargo, Comuna 20 en el occidente de esta ciudad y sostiene un enfrentamiento armado por el control de las rutas de distribución con las bandas La Cruz y Pueblo Joven.
La Fiscalía investiga un homicidio en grado de tentativa ocurrido en este año dentro de las vendettas que se registran entre estas tres estructuras criminales.
Emir David Hurtado Orozco, Fausto Muñoz Piedrahita, Elder Aldemar Moreno Sambrano, Freddy José Arteaga Cortez, Stella Zambrano Guacheta, Farlin Álvarez y Juan David Pérez Gómez fueron capturados por agentes de la SIJÍN de la Policía Metropolitana en coordinación con un fiscal especializado durante operativos de registro y allanamiento a ocho viviendas.
Durante las diligencias judiciales fueron incautados marihuana, bazuco, 6 teléfonos celulares y $1.200.000 producto al parecer de la venta de estupefacientes.
La Fiscalía los imputó por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
La Fiscalía habla con resultados.

JGP/CFG/SEG/DSC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.